La Corte Suprema de Brasil decidió que el expresidente Jair Bolsonaro y siete presuntos cómplices vayan a juicio oral por el intento de golpe de Estado, un delito por el que podría llegar a ser condenado hasta 40 años de cárcel y complica sus aspiraciones políticas.

La fiscalía imputó al exmandatario ultraderechista, de 70 años, por liderar una organización criminal que buscó impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones en 2022.

Los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) -Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin- ,votaron por unanimidad a favor de aceptar la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR).

Este miércoles, Bolsonaro no compareció en la corte en Brasilia. El líder de la oposición brasileña clama su inocencia y dice ser víctima de una “persecución política”. Aunque inhabilitado políticamente, Bolsonaro mantiene su voluntad de aspirar volver a la presidencia en las elecciones de 2026, ante un Lula en caída de popularidad.

Quiénes fueron acusados de intento de golpe

Los imputados por el intento de golpe de Estado de 2023 en Brasil son:

Jair Bolsonaro, expresidente de la República;

Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia;

Almir Garnier, excomandante de la Marina;

Anderson Torres, exministro de Justicia;

Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional;

Mauro Cid, exayudante de campo de la Presidencia;

Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa;

Braga Netto, exministro de la Casa Civil de Bolsonaro.

Todos los acusados fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

Según la acusación, la conspiración desembocó en la invasión violenta las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia por miles de bolsonaristas pocos días después de la toma de posesión de Lula en 2023.

El plan golpista dirigido supuestamente por Bolsonaro contemplaba medidas como la elaboración de un decreto para justificar un “estado de defensa” e incluso el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes, según la fiscalía.

El complot no se habría consumado por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército.

Qué dijeron los jueces de la Corte Suprema

De Moraes consideró que hay “materialidad” e “indicios razonables” en la acusación que presentó la Fiscalía señalando a Bolsonaro como líder de la trama golpista en la que figuran militares de alto rango y antiguos ministros del Gobierno del ultraderechista (2019-2022).

“Tuvimos un intento de golpe de Estado violentísimo (...) una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado”, dijo De Moraes al argumentar su voto.

El juez sostuvo que “la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al gobierno legítimamente electo” en un objetivo que “no se concretó” por “la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea las medidas de excepción”.

De Moraes señaló que la conspiración empezó en 2021 y recordó la estrategia que utilizó ese año el exmandatario para “difundir noticias falsas sobre el sistema electoral brasileño”.

La jueza Cármen Lucía, única mujer del STF, citó a la historiadora Heloisa Starling cuando afirmó que “un golpe de Estado no se hace en un día” y dijo que este tipo de movimientos “no termina en una semana, ni en un mes”. Para ella, los actos golpistas fueron el resultado de un proceso largo y articulado y el “intento de matar la democracia es un hecho”.

Según dijo quienes perpetraron los destrozos no estaban en Brasilia “de vacaciones”: “No fue una fiesta al final de la tarde, donde todos decidieron aparecer y usar palos y piedras para destruirlo todo”, afirmó.

Lucía recalcó que “el golpe no tuvo éxito, si no no estaríamos aquí”, pero dijo que es necesario reconstruir los hechos desde su origen y “llegar a esta maquinaria que intentó desmantelar la democracia”.

"La dictadura mata. La dictadura vive de la muerte, no solo de la sociedad y la democracia, sino de seres humanos de carne y hueso", recalcó, mientras que “La democracia vive de la confianza de la sociedad en que es mejor vivir con los demás”